"La estafa de las eléctricas por Antonio Moreno"
1.- Introducción
El apartado IMPLICADOS, que hoy comienzo, no sería necesario si, como establece la Constitución,- los poderes públicos garantizaran la defensa de los consumidores y usuarios y protegieran mediante procedimientos eficaces sus legítimos intereses (art. 51.1 CE)
- el Ministerio Fiscal promoviera la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley y velara por la independencia de los Tribunales y procurara ante éstos la satisfacción del interés social (art. 124.1 CE)
- los jueces y tribunales tutelaran efectivamente a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso se produjera indefensión (art. 24.1 CE)
- el jefe del Estado arbitrara y moderara el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56.1 CE)
Desgraciadamente, la España real y la España de la Constitución son, a veces, frontalmente opuestas, y así, en el caso que me ocupa desde el 07.11.1994,- los poderes públicos no protegen los legítimos intereses de los clientes de las compañías eléctricas, sino los turbios intereses de éstas
- el Ministerio Fiscal y los jueces y tribunales impiden la investigación de los delitos denunciados por mí y me represalian por insistir en denunciarlos
- el jefe del Estado no arbitra ni modera el funcionamiento regular de las instituciones, pues permanece pasivo a pesar de saber que ha sido utilizado en catorce ocasiones por el Gobierno para encubrir una estafa que afecta actualmente a 23 millones de usuarios y lleva reportados más de 4.200 millones de euros a las compañías eléctricas y a sus cómplices.
Por ello, en defensa de mi derecho a rehabilitar mi buen nombre profesional y a la tutela judicial efectiva, me veo obligado a denunciar públicamente a los responsables, por acción u omisión, de la citada estafa, a sabiendas de que, como me sucedió el 16.01.2006, puedo sufrir brutales represalias económicas y, posiblemente, de otro tipo.
No obstante, en esta lucha desigual tengo una ventaja decisiva, por mucho que el poder judicial, siguiendo servilmente las órdenes del poder político, me trate como a un delincuente, inadmita o desestime todas mis denuncias y querellas y me represalie por insistir en que se haga justicia.
Dicha ventaja, contra la que ninguna multinacional ni ningún poder del Estado, por negro que sea, puede absolutamente nada, es que las matemáticas están de mi parte, pues basta una simple multiplicación de dos números (uno de ellos, constante) para demostrar que el Gobierno comete desde 1984 la citada estafa.
En consecuencia, cada día que pasa sin que sea desarticulada la trama mafiosa que utiliza delictivamente el Boletín Oficial del Estado y sin que se me permita demostrar que los hechos de los que me acusó la multinacional Landis & Gyr para justificar mi despido son falsos, el Estado se hunde un poco más, no sólo en el cieno de la corrupción, sino en el más espantoso ridículo.
2.-Breve resumen de la trama mafiosa
Resumiendo en unas líneas lo expuesto en las ocho entregas tituladas LA ESTAFA, PASO A PASO (entrega 6 a entrega 13, ambas incluidas), los hechos son los siguientes:
En 1984, el PSOE, que gobierna en solitario, y las grandes compañías eléctricas planifican una estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz.
En cumplimiento de las funciones asignadas en dicho plan, los fabricantes, controlados por las compañías eléctricas, imponen restricciones a sus distribuidores, con objeto de hacer antieconómica la compra del contador y obligar al usuario final a alquilarlo a la compañía eléctrica, y facilitan datos falsos al Ministerio de Industria, con el fin de que los precios de alquiler publicados en el Boletín Oficial del Estado sean muy superiores a los que resultarían si los datos fueran los reales.
Para organizar e imponer las restricciones, los fabricantes se valen del grupo clandestino Contact, formado por uno o dos directivos de cada fabricante.
En 1987, el PSOE y las compañías eléctricas introducen subrepticiamente una modificación en el método oficial de cálculo del precio de alquiler, que es el establecido en la condición 16 de la póliza de abono aprobada por el Real Decreto 1725/1984: “El Ministerio de Industria y Energía fijará las cantidades concretas máximas que se pueden aplicar por el alquiler de los equipos contadores no especiales, en base al 1.25 por ciento mensual del precio medio de mercado del aparato”.
Tras la modificación, el precio de alquiler de cada tipo de contador deja de calcularse aplicando el 1.25% a su precio medio de mercado y pasa a ser calculado aplicando al precio de alquiler anterior el mismo coeficiente de actualización que a la tarifa eléctrica, es decir, si ésta sufre un incremento del 5%, el precio de alquiler se incrementa un 5%.
La modificación tiene dos grandes ventajas:- hace innecesario que los fabricantes de contadores remitan periódicamente datos falsos al Ministerio de Industria
- incrementa la cantidad estafada, pues el precio de mercado de los contadores disminuye con el tiempo, mientras que la tarifa eléctrica, salvo contadísimas excepciones, aumenta
pero también un grave inconveniente:- es ilegal, pues, por haber sido introducida subrepticiamente, no figura en el Boletín Oficial del Estado.
En 1996, como advertencia al Ministerio de Industria por no establecer el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos, que debería haber sido establecido en 1984 y cuya inexistencia impide la renovación de los millones de contadores que han superado su vida útil, los fabricantes de contadores remiten al Ministerio de Industria un escrito en el que, numérica y gráficamente, ponen al descubierto la modificación ilegal del método oficial de cálculo del precio de alquiler.
En represalia contra las compañías eléctricas por impedir que el Gobierno establezca el citado control metrológico, los fabricantes acuerdan aplicar a dichas compañías unos precios de venta superiores a los que resultarían de la libre competencia.
En diciembre de 2001, el PP modifica torticeramente el texto del Real Decreto 1483, para permitir que las compañías eléctricas continúen cometiendo la estafa, que ha sido sacada a la luz pública por Diario de Andalucía, Tiempo e Interviú.
A día de hoy, el Gobierno aún no ha establecido el control metrológico del Estado sobre los contadores electromecánicos, lo cual permite a las compañías eléctricas añadir 600.000 euros diarios a los más de 8.400 millones de euros que llevan cobrados por la “adecuada renovación y actualización” de sus parques, un servicio que no es posible dar en tanto no exista dicho control metrológico.
3.- Cuatro preguntas…
Las cuatro preguntas clave para confirmar la existencia de la trama mafiosa son las siguientes:
Primera: ¿Facilitaron en 1984 los fabricantes de contadores de la luz datos falsos al Ministerio de Industria con objeto de que los precios de alquiler publicados el 20.12.1984 en el Boletín Oficial del Estado fueran muy superiores a los que habrían resultado si los datos hubieran sido los reales?
Segunda: : ¿Imponen los fabricantes de contadores de la luz restricciones horizontales y verticales [1] con el triple fin de repartirse el mercado, vender a unos precios superiores a los que resultarían de la libre competencia y hacer antieconómica la compra de dichos contadores, para obligar a los consumidores a alquilarlos a las compañías eléctricas, con las cuales los citados fabricantes tienen importantes relaciones comerciales y administrativas [2]?[1] Restricciones horizontales son las que, de forma consensuada, se aplican entre sí los propios fabricantes, y restricciones verticales, las impuestas por los fabricantes a sus distribuidores, que son los encargados de vender el contador a los usuarios que prefieren la opción de compra a la de alquiler (la venta a las compañías eléctricas la hacen exclusivamente los fabricantes).
[2] Algunas de dichas relaciones están detalladas en el punto 7.2.- El mercado español de contadores de la luz
Tercera: ¿Impide el Gobierno que se establezca el control metrológico que obligue a las compañías eléctricas a hacer frente a la “adecuada renovación y actualización” de sus parques de contadores electromecánicos en alquiler, un servicio, repito, por el que las citadas compañías llevan cobrados desde 1984 más 8.400 millones de euros, que se incrementan cada día en 600.000 euros?
Cuarta: ¿Utiliza desde 1984 el Gobierno el Boletín Oficial del Estado para cometer una estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz, que genera actualmente 350.000 euros diarios y supera ya los 4.200 millones de euros?
4.- ...una respuesta...
Si la respuesta a las cuatro preguntas planteadas en el punto 3 es NO,
- soy un individuo “patológicamente desequilibrado”, “resentido contra la sociedad y todo lo que representan las empresas multinacionales y el sistema económico capitalista en que se desenvuelve nuestra economía, contra las que parece haber emprendido, desde hace tiempo, una cruzada particular”, “todo lo cual demuestra cuál es la verdadera catadura moral y el perfil psicológico del individuo en cuestión y desvirtúan la totalidad de sus acusaciones”, como afirma la multinacional suiza Landis & Gyr, autora de la denuncia falsa en la que se basó el magistrado Mariano Toscano Sánchez, titular de Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla, para considerar procedente mi despido.
- soy un individuo que “no tiene respeto por las administraciones, las empresas ni los partidos políticos”, como, según la agencia de noticias Europa Press, afirman “fuentes de Endesa”.
- soy un individuo “malicioso, temerario, de acreditada mala fe, contumaz, artero, falso, de bajeza moral, de personalidad obsesiva”, que “denuncia unos hechos por venganza de un despido” y “presenta como pruebas cintas magnéticas, de sólo audio, limpiamente manipuladas, no ya ilícitas, sino perversas, obtenidas con maquinación maliciosa, mediante iniquidades morales”, como afirma la Abogacía del Estado.
- Soy un individuo “temerario y de mala fe”, como afirman los abogados Miriam Sacristán Bravo de Medina, Alfonso Trallero Masó, del bufete Miguel Bajo, y Juan Casanueva Pérez Llantada, del bufete Ramón Hermosilla.
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